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entrevista

“Hay familias que vienen porque les suben el alquiler 200 € o 300 € y no lo pueden pagar”

Hablamos con Andrea Jarabo, de Asociación Provivienda

Hablamos con Andrea Jarabo, de Asociación Provivienda

“Actualmente existe un grave problema de asequibilidad vinculado a la vivienda”. Esta reflexión es de Andrea Jarabo, Responsable de Comunicación e Incidencia de Asociación Provivienda, pero también es algo que hemos sufrido muchos de los que hemos buscado casa en España durante los últimos años o los que vivimos de alquiler, muchas veces con el temor a la renovación y el posible aumento inasumible de la renta. Y la situación no parece que deje de agravarse, aunque como comenta con optimismo Andrea, el compromiso social por la lucha en este ámbito es cada vez mayor.

Por Víctor Regidor, Triodos Bank

Hemos hablado con ella sobre el problema de “exclusión residencial” que existe en el país y también sobre la actividad de Asociación Provivienda, una entidad que desde 1989 ha facilitado el acceso al alojamiento a 130.000 personas en más de 60.000 viviendas gestionadas.

La Constitución Española reconoce como un derecho el acceso a una vivienda digna. ¿Qué valor real tiene esta “intención”?

El derecho a la vivienda aparece como tal en el artículo 47. Sin embargo, no se encuentra entre los derechos fundamentales de la Carta Magna. Eso implica que no puede ser reclamado ante el Tribunal Constitucional ni dentro del ordenamiento jurídico de nuestro país. Es un derecho que tiene que ser desarrollado en las normativas estatales y autonómicas. Las Comunidades Autónomas, de hecho, poseen las competencias en Vivienda en España. Para hacer efectivo este derecho en el día a día, antes se tiene que desarrollar normativamente y el problema es que en España no existe una norma estatal de vivienda y aunque se ha desarrollado en algunas Comunidades Autónomas, en otras no.

Supongo que la tipología de colectivos a los que ayudáis ha crecido en los últimos años, por la intensificación de las dificultades del acceso a la vivienda. ¿Qué personas necesitan más vuestro apoyo?

En el caso de Provivienda, entendemos el de la vivienda como un problema de carácter estructural, idiosincrásico de la sociedad y la economía española. La exclusión residencial existía antes de la crisis, como por ejemplo en los casos de los poblados autoconstruidos, y con personas que vivían en la calle, jóvenes o inmigrantes con problemas para acceder a una vivienda. Sin embargo, la crisis económica ha profundizado en los problemas de exclusión residencial y en algunos casos se han transformado. También hay nuevas dificultades como la ocupación por necesidad, la pobreza energética o la pérdida de vivienda por no poder hacer frente a los pagos del alquiler. En este sentido, todas las personas tiene problemas con referencia a la vivienda porque es algo que necesitamos todos, pero aquellas a las que más atendemos son las que concentran mayores factores de exclusión como los que tienen que ver con género o ingresos, por ejemplo. Algunos de estos colectivos son las familias monoparentales, en un 80% lideradas por mujeres, las familias migrantes o las personas con bajos ingresos.

“Ponemos en contacto a personas en situación de vulnerabilidad que no pueden acceder a la vivienda en un mercado normalizado con personas que quieren alquilar una vivienda, dotándola de un valor social”

 

¿Nos podéis aportar datos de vuestra actividad y algunos programas concretos que ayuden a entender lo que hacéis con mayor facilidad?

Somos una asociación sin ánimo de lucro que nació en 1989 al detectar el hecho de que había muchas personas que se quedaban fuera del sistema de vivienda. Estamos hablando de personas jóvenes, en un primero momento, y más tarde personas migrantes y también en vulnerabilidad, como aquellas que viven en la calle.

En Provivienda trabajamos para hacer efectivo el derecho a la vivienda en base a diferentes líneas. Tenemos, por ejemplo, inclusión a través de la vivienda mediante programas concretos con los que gestionamos vivienda y generamos acompañamiento para personas en situación de vulnerabilidad.

También actuamos en torno a la incidencia política y social y el fomento del alquiler asequible. Dentro de este último punto se incluye una metodología que actúa como uno de nuestros sellos identitarios, el proceso de mediación. Ponemos en contacto a personas en situación de vulnerabilidad que no pueden acceder a la vivienda en un mercado normalizado con personas que quieren alquilar una vivienda, dotándola de un valor social. Es decir, hay propietarios que rebajan un 20% de su renta, por ejemplo, para poner una vivienda a disposición de este proyecto, y nosotros ofrecemos una serie de garantías como avalar los arrendatarios, entre otros, para evitar dificultades en casos de impago. De esta manera lo que hacemos es incorporar a personas en el sistema de alquiler que, en principio, se quedarían fuera.

“En el último eslabón de esa cadena se genera todo un mercado de alquiler de habitaciones, vuelta al núcleo familiar, hacinamiento, etc. Incluso situaciones de ocupación por necesidad”

 

¿Cuál es el estado del acceso a la vivienda en España? Todo el mundo sabe que no es fácil, pero quizás situaciones personales o del entorno no permiten conocer o valorar la fotografía completa…

Actualmente existe un grave problema de asequibilidad vinculado a la vivienda. Estamos hablando especialmente de las principales capitales de provincia y de localidades con alta presión turística. Esta crisis tiene que ver, por un lado, con un aumento enorme de los precios que ahora están incluso por encima de los anteriores a la depresión económica. Pero por otro, además, está el incremento de la precarización en el mercado de trabajo caracterizada por la caída de los salarios o la alta temporalidad, entre otros factores.

Y por todo ello aparecen cuestiones que, por cierto, sí tienen cabida en los medios de comunicación y que tienen que ver con los desplazamientos y la gentrificación, que implica que personas que habían vivido siempre en el mismo barrio, donde tenían su red social y la red familiar, se tienen que desplazar a un barrio totalmente desconocido para ellas. Y esto no se da solo en las grandes ciudades sino también en la periferia, porque las personas que se desplazan del centro a distritos periféricos, como en Madrid pueden ser Usera o Puente de Vallecas, por ejemplo, provocan que en esos barrios aumenten los precios de forma considerable. Así, habitantes de esos barrios también se tienen que ir. En el último eslabón de esa cadena se genera todo un mercado de alquiler de habitaciones, vuelta al núcleo familiar, hacinamiento, etc. Incluso situaciones de ocupación por necesidad.

¿Cómo desarrolláis vuestro trabajo en un entorno dominado por un entorno de especulación?

Vemos, por ejemplo, que existe un mayor número de personas que vienen a nosotros con problemas vinculados con el aumento de precios y al hecho de que no existen alternativas residenciales para muchas familias. En nuestros proyectos de mediación hay familias que recurren a nosotros porque les han subido el alquiler 200 € o 300 € y no lo pueden pagar. También se da una mayor dificultad para encontrar vivienda. Esto hace que, para nosotros, este trabajo para mediar en alquileres se convierta en una parte fundamental para garantizar la inclusión social. En este sentido, nos damos cuenta de que cada día es más complicado negociar con los propietarios a pesar de que nosotros, por ejemplo, garantizamos el pago. Nos encontramos con personas que buscan una rentabilidad rápida vinculada a un aumento de precios. Que a la larga es peor, pues genera una mayor inseguridad, procesos de endeudamiento…

En tercer lugar quería comentar que precisamente por esta feroz especulación, que nos afecta a todos y a todas, cada vez hay mayor conciencia social en relación con los problemas de la vivienda y más apoyos en la lucha en este ámbito.

“En nuestros proyectos de mediación hay familias que recurren a nosotros porque les han subido el alquiler 200 € o 300 € y no lo pueden pagar”

 

Últimamente se ha legislado para facilitar el alquiler. ¿Es suficiente? Si no es así, ¿qué medidas se podrían poner en práctica desde lo público para garantizar el derecho?

La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos nos deja la norma más avanzada de los últimos años en relación a la protección del inquilino, con puntos como la diferente duración del contrato si el propietario es persona jurídica o particular. En este último caso, si nos encontramos con un particular que quiere complementar su pensión con el alquiler de una segunda vivienda, que es algo que se da últimamente, el contrato de alquiler tendría una vigencia de cinco años. Pero si la propietaria es una Socimi, una empresa o una firma vinculada a un banco, la duración es de siete años.

Sin embargo, podría ser más ambiciosa. El texto no cubre los problemas que estamos viendo. Muchos de ellos tienen que ver con quién asume las reparaciones de la vivienda, en el artículo 21 de la LAU. Y no hay un procedimiento claro para hacerlo efectivo. Hay inquilinos que viven en infraviviendas porque no pueden negociar con el propietario. También hemos perdido una oportunidad en el caso de los precios del alquiler y de dotar a los municipios de capacidad para regularlos de forma temporal en zonas tensionadas, que es algo que se está exigiendo.

En cualquier caso, y más allá de la LAU, tendría que generarse un mayor parque de vivienda asequible y social a medio y largo plazo a través de la movilización de viviendas vacías en bolsas de viviendas o en proyectos de mediación. También incorporar la función social de la vivienda dentro de la normativa estatal o las autonómicas, como ocurre en Andalucía, Cataluña, Euskadi, Aragón y la Comunidad Valenciana. En la Comunidad de Madrid, que es una de las más afectadas en materia de vivienda, no se ha avanzado nada en este sentido.

¿Cómo veis el futuro? Uno de los colectivos que más sufre la actual realidad inmobiliaria es el de los jóvenes y su precarización, como el de una parte importante de la sociedad, no parece que tenga una solución fácil. Obviamente, esto afecta a su acceso a la vivienda.

Cada vez es más evidente que el trabajo no garantiza el acceso a la vivienda, son cuestiones independientes y que por lo tanto tienen que ser tratadas de forma independiente. No se puede pensar que por mejorar la política de empleo se va a mejorar el acceso a la vivienda. Esto está más que demostrado que no es así. De hecho, el último informe Foessa concluye que la vivienda es el principal factor vinculado a la exclusión social, más que el empleo, lo que es muy significativo. Encontramos que solo uno de cada cinco jóvenes de menos de 29 años se puede emancipar, una barbaridad que retrasa los planes de vida, o de enconamiento y vuelta a atrás con incluso familias con hijos que vuelven a casa de los abuelos.

Tanto para garantizar los procesos de emancipación como para luchar contra la exclusión social y residencial, es necesaria una política de vivienda inclusiva. Y hasta que no se lleve a cabo, el futuro no será muy halagüeño.

Sin embargo, crece paulatinamente el compromiso de la sociedad con respecto a las luchas por la vivienda y se empieza a tener en cuenta su función social, cuando antes solo se tenía en cuenta su carácter económico o inmobiliario. Obviamente, estos cambios se tienen que consolidar.

¿Cómo valoráis el papel de Triodos Bank en la financiación de proyectos como el vuestro y otros como promociones de viviendas sociales o incluso bajo la fórmula del cohousing?

Pensamos que Triodos Bank es un actor fundamental para el sostenimiento de proyectos que actúan dentro del ámbito inmobiliario desde diferentes perspectivas. Podría decirse que financiar iniciativas como la nuestra, promociones de viviendas sociales, asequibles o incluso proyectos de cohousing genera un contrapoder inmobiliario. Que la banca se interese por otras formas de hacer o de habitar la ciudad es una forma de aportar soluciones frente a los procesos de carácter especulativo. Y es interesante que sea precisamente a través de la sociedad civil y no de las administraciones.

¿Qué opina sobre "“Hay familias que vienen porque les suben el alquiler 200 € o 300 € y no lo pueden pagar”"?

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Xavi Hace 2 meses

Ya es hora de que este tema se tome más en serio. Creo que, a la vez, habría que regular precios del alquiler de verdad -no como ahora- y también que el Estado diese más garantías a los arrendadores en caso de problemas. No son medidas contradictorias. Hay que potenciar la oferta, que es beneficioso socialmente, a la vez que se protege el derecho a la vivienda y se toman las acciones que sean necesarias para atender los problemas sociales de todo tipo.